DECIDIDO
La justicia española ha confirmado que el creador de contenido Daniel Santomé, conocido como Dalas Review, deberá indemnizar con 12.000 euros al padre de su exnovia Miare por vulneración del derecho al honor. Además, deberá publicar la sentencia en su canal de YouTube, con más de 11 millones de seguidores.
El Tribunal Supremo ha declarado firme la condena contra el youtuber Dalas Review, quien deberá indemnizar con 12.000 euros al padre de su expareja, Miare, por difundir imágenes e insultos hacia él en nueve vídeos. La sentencia también obliga al creador de contenido a borrar dichos vídeos y a difundir la resolución judicial en su canal hasta cuatro veces, en un plazo que aún está por determinar.
La Sala de lo Civil rechazó el recurso interpuesto por Santomé contra el fallo de la Audiencia Provincial de Barcelona, que ya había ratificado la condena inicial en mayo de 2023. Según la resolución, el youtuber incurrió en una "intromisión ilegítima en el derecho al honor" del padre de Miare al referirse a él con calificativos como "maltratador", "agresor de mierda" y "enfermo mental".
La condena a Dalas Review marca un precedente importante en España. Tal y como destacó David Bravo, abogado del demandante, "es la primera vez que un youtuber es obligado a publicar una sentencia judicial en su canal principal". Hasta ahora, este tipo de condenas solo se habían aplicado en redes como Twitter.
El caso tiene su origen en el litigio por la custodia de Argos, un perro que ambos compartían durante su relación y cuya disputa derivó en un conflicto familiar. Según el youtuber, el padre de Miare agredió a su entonces pareja, lo que le llevó a publicar los vídeos ahora condenados.
Tras conocerse la decisión del Supremo, Miare expresó su satisfacción en redes sociales, asegurando que "las difamaciones tienen sus consecuencias". Además, pidió que los seguidores del youtuber conocieran la resolución judicial, recordando que "no todo vale bajo la excusa de la libertad de expresión". Aunque Dalas Review todavía puede recurrir al Tribunal Constitucional, el fallo del Supremo es un contundente recordatorio de que los límites legales también aplican al contenido en redes sociales.