El momento en que una bomba de palomitas de maíz explota en mitad de una calle de China
Hablamos con la asociación 'Salva a tu pequeña librería'
A lo largo de la entrevista lo remarcan varias veces, “los libreros no estamos en contra de la gratuidad de los libros de texto, todo lo contrario”. La medida que, de no mediar un acuerdo, entraría en vigor a partir del próximo ciclo lectivo, en septiembre del 2019, afecta a cientos de librerías barriales.
Los meses malos, “en los que no hay campañas”, las ganancias producidas por las ventas de los textos escolares compensan los gastos de tener la librería abierta. El coste del material didáctico varía según el ciclo y el tipo de centro en donde se cursan los estudios.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que las familias españolas tienen un gasto promedio en libros de texto de 200 euros, unos 70 euros menos en infantil, pero casi 300 euros en bachillerato.
A ese desembolso hay que sumarle unos 85 euros de media en materiales extras que se suelen adquirir en las mismas librerías. Este es otro de los problemas que puede ocasionar la aplicación de esta ley según como está planteada.
La comunidad destinaría el dinero para la adquisición de los libros de textos a los centros educativos y estos serían los encargados de realizar la compra.
Algo que repercutiría también en las ventas porque la falta de padres y niños buscando libros en la tienda del barrio hará que tampoco se compre material escolar en estos sitios.
Más de 500 librerías de la Comunidad de Madrid podrían cerrar si no se modifican, al menos, algunas de las condiciones del pliego de licitación.
La que hace inviable que las librerías de proximidad puedan sumarse es el valor de venta del libro, muy por debajo del precio de coste. Tampoco ayuda la cantidad de empleados y algunos pedidos extras como el forrado de libros, la entrega y la devolución de los mismos.
Aunque en un principio el programa que promovía el préstamo de los libros de texto en primaria y ESO favorecía a los pequeños comercios, la gran mayoría no ha podido presentarse a concurso.
Desde la plataforma denuncian que esta medida favorece y está pensada para que puedan responder las grandes superficies y no las librerías de barrio.
El acuerdo marco está dividido en lotes según las distintas áreas de la Comunidad de Madrid. Cada uno de esos lotes cubre una media de 12 municipios.
Las grandes empresas han licitado para la mayoría de lotes, mientras que las librerías de proximidad lo han hecho solo a uno.
Dentro del complejo proceso para licitar los dueños de pequeños comercios sostienen que lo han hecho por miedo, “para no quedarnos fuera del programa durante 4 años”.
Otro de los puntos que los perjudican sustancialmente. Los comerciantes que no se han presentado en este proceso de licitación no podrán volver a hacerlo hasta el 2023.
Paradójicamente, se han postulado a un concurso esperando no ser elegidos. Si su pliego es aceptado, deberán dejar en depósito un 5% del presupuesto total como aval. Un importe del que no todos disponen, que no saben si les será devuelto, ni en qué condiciones, ni cuándo.
Los integrantes de la plataforma Salva a tu pequeña librería no dudan en poner de ejemplo lo ocurrido en Murcia con la implementación de una ley similar.
Un año después 150 librerías tuvieron que cerrar definitivamente y el programa de gratuidad de libros, tal como estaba planteado, se modificó para el año siguiente porque los resultados no fueron los esperados.